El caso del doctor Morín y Ginemedex no es un caso aislado, un suceso truculento particular de máquinas trituradoras y embarazadas inglesas, periodistas y cámaras ocultas. Tiene una lógica económica y política. Una lógica que vicia a capas de la administración, de la profesión médica y a parte de la justicia y la policía. Y, por supuesto, la prensa.

1. La ley

España considera delito abortar. Lo pone en el Código Penal. Ahora bien, a partir de cierto momento (la ley de 1985) este delito se despenalizó en ciertos casos: malformación del feto (hasta las 22 semanas), violación (hasta las 12 semanas) o riesgo psíquico o físico para la madre (sin límite, cualquier momento hasta justo antes de parir).

Esta ley, aplicada estrictamente, significaría que el 90% de abortos en España, o más, no se realizarían. Según una sentencia del Tribunal Constitucional (53/1985, de 11 de abril), el riesgo para la salud de la madre tiene que ser tan grave que corra en peligro su vida (no una angustia o depresión), y que sólo interrumpiendo el embarazo se salve la vida de esta mujer. Un ejemplo de sentencias que desarrollan esto puede leerse en http://www.aeds.org/jurisprudencia/470-98.htm .

Así se aplicaba la ley en Portugal (con una ley idéntica a la española hasta hace unos meses), y por eso apenas había abortos allí; las portuguesas abortaban en España donde la ley existe pero no se aplica.

2. Los (inexistentes) reglamentos

Hay una ley y una jurisprudencia. Pero no hay reglamentos. Apenas hay alguno en Cataluña y en Andalucía y quizá en otras comunidades. El de Cataluña, de diciembre de 1986, no reglamenta nada ni sobre qué hacer con los fetos, ni cómo acreditar el “grave riesgo”, ni qué métodos usar para el aborto, ni cómo tratar los restos biológicos… sólo dice que cada semana se lleve un sobre con los formularios de alta de las pacientes, formularios que cada clínica rellena como quiere sin control alguno.

A este paripé el Ministro de Salud socialista y defensor de investigar con embriones humanos, Bernat Soria, le llamaba hoy en el diario Público un “control estricto”.

Si una autonomía realmente defensora de la ley se pone seria y (jurisprudencia en mano) elabora unos reglamentos que pidan que de verdad se demuestre médicamente que sólo abortando se salva la vida de la madre, verá como en su territorio apenas habrá unas decenas de abortos anuales: niños con síndrome de down, enanismo u otras enfermedades. Y quizá alguna violación, muy de vez en cuando.

3- Los hospitales y la “objeción” de los médicos

En España apenas un 3% de las interrupciones del embarazo son en los hospitales públicos. Durante años se nos ha dicho: “es que los médicos son anti-aborto, no quieren hacer abortos, presentan objeción de conciencia”.

Según eso, hay miles y miles de ginecólogos en España con una valiente y declarada postura pro-vida, de convicciones éticas fortísimas. Los hay, sin duda, pero no tantos y no es por su firmeza que los hospitales no abortan.

Los hospitales sólo abortan un 3% de los casos (recordemos: es gratis para la mujer, y sin embargo no van al hospital) porque sólo pueden cubrirse legalmente las espaldas en ese 3% de casos. El resto de los casos saben que son -jurisprudencia en mano- ilegales.

Por eso, todos los casos que luego se convierten en “riesgo psíquico” son derivados a las clínicas.

Más aún: es evidente y bien sabido que hay instrucciones no escritas pero claras en los departamentos de ginecología de los hospitales públicos que dicen: “si no es violación, malformación o peligro de muerte clarísimo, enviad a esa mujer a las clínicas”.

El negocio de las clínicas abortistas (el 97% de los abortos) es recibir a las chicas reenviadas desde los hospitales (además de las extranjeras: el Telegraph destapó el caso Ginemedex porque la agencia BPAS, con dinero público, enviaba a las inglesas a abortar a Barcelona).

Además, las administraciones dan dinero a las clínicas privadas para que hagan esos abortos. En Cataluña en concreto la Generalitat financia al negocio del aborto en clínicas (es decir, del aborto “sospechoso de ilegalidad”, el del “riesgo psíquico” nunca demostrado) a través de un ente llamado “Salut i Familia”).

Se da dinero a estas entidades, se les envía chicas para abortos de legalidad dudosa y se les financia sin controles: sólo basta con dar una lista de chicas dadas de alta.

Otro ejemplo en la misma web, la pregunta F, “dónde se realizan las interrupciones”:

a) Toda la información que está circulando, la firmeza de la fiscalía, surge a partir de un “testigo protegido”. Es decir, la policía protege a alguien porque, al hablar, pone en riesgo su vida. Como la mafia o ETA. ¿Tan potente es la capacidad de castigo de la red tejida en torno a Ginemedex, tan peligrosa y delictiva, como para que el testigo necesite protección? La fiscalía parece haber entendido que sí. Mucho dinero en juego. Y quizá muchas responsabilidades.

b) Es extraño el papel de los Mossos. La fiscalía y el juzgado 33 han recurrido a la Guardia Civil, con apoyo de la policía municipal. El conseller de seguridad, Joan Saura, podría responder a algo que circula en fuentes cercanas a la investigación: ¿fue el testigo protegido a declarar a los Mossos d’Esquadra antes de ir a la Guardia Civil? ¿Y si fue así, qué hicieron los Mossos -y Saura- con esas declaraciones? Una pregunta que quizá se responda en un futuro próximo.

c) ¿Cómo es que Sanitat no investigó más y mejor en sus momentos? En 2004, con la denuncia inglesa, se limitó a un paseo en las instalaciones. En 2006 -nos dicen ahora- a una multa de 3.000 euros a Morín por papeles poco en orden. ¿No eran indicios para investigar más?

d) Morín ha hecho contactos políticos (y médicos) durante años. ¿”Tirará Morín de la manta” en los interrogatorios? ¿Cuántos más nombres -del sector del aborto o de la administración- pueden salir a la luz en esta trama

ha | Descubren trituradoras de fetos conectadas a desagües en clínicas de Barcelona

Aciprensa, 29 de noviembre de 2007 

El diario ABC reveló “detalles terribles” de la operación policial y judicial contra cuatro clínicas de Barcelona acusadas de practicar de forma reiterada abortos ilegales. Según el diario, en estos macabros recintos “se hallaron máquinas trituradoras de fetos conectadas a los desagües”.

La investigación sigue en curso y hasta el momento cuenta con seis detenidos. Fuentes citadas por ABC aseguran que durante los registros “se encontró una máquina trituradora en la Clínica Ginemedex y los restos de la instalación de otra en otra clínica, TCB”.

“Estas máquinas trituran los fetos-bebés de grandes dimensiones y los reducen a una pasta que luego presuntamente se hacía desaparecer por un desagüe. Así, se borraba la ‘prueba del delito’ y se evitaba la obligación legal de llevar estos ‘residuos orgánicos reconocibles’ a incinerar”, indicó el diario.

La juez que instruye el caso ve indicios para culpar a los seis detenidos –incluyendo al dueño del conglomerado Barnamedic, Carlos Morín– de los delitos de asociación ilícita, aborto ilegal, falsedad documental e intrusismo profesional.

Además de Morín, entre los detenidos, figura su esposa, María Luisa Durán Salmerón, que gestionaba la clínica TCB, y el médico cubano Pedro Ávila.

28 Noviembre 2007

ha | El Foro de la Familia denuncia que “la situación abortista en España es escandalosa”

Análisis Digital, 28 de noviembre de 2007 

El presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, aplaudió ayer las inspecciones en las clínicas abortistas de Barcelona que se saldaron con seis detenidos y acusó a estos centros de ser “islas ajenas al Derecho vigente”

Blanco afirmó que “existen pruebas mas que suficientes de que en muchas las clínicas ni se respetan los supuestos despenalizados, ni los plazos que marca la ley” para interrumpir el embarazo. Según añadió, la situación abortista en España es “escandalosa” y “se ha llegado a una situación de impunidad al margen de la ley que no es de recibo en un Estado de Derecho”.

En este sentido, pidió a las autoridades sanitarias barcelonesas que acaben “con esta situación de impunidad” y adopten “las medidas precisas para que las clínicas acreditadas para la práctica del aborto no sean islas ajenas al Derecho vigente”.

Blanco se refirió a los aparatos que supuestamente se utilizaban para deshacerse de los restos humanos de los fetos en las clínicas barcelonesas inspeccionadas y consideró que “son un nuevo escándalo que se añade a todos los anteriores, como el de la Clínica Isadora de Madrid”. Por ello, exigió un “tratamiento digno de los restos humanos procedentes de los abortos provocados”.

Por otra parte, la Federación Española de Asociaciones Provida advirtió que esta situación se da a diario y con el silencio de los medios. Por ello esta Federación pidió ayer una información seria sobre lo que está pasando con el aborto en España y un compromiso con la vida humana y su dignidad.
“La ley del aborto es injusta de raíz pero además no se está cumpliendo puesto que se falsean los certificados de salud de la madre, que es el supuesto que aglutina, según los propios datos del Ministerio de Sanidad y Consumo, un 98% de los casos”, explicaron.

HazteOir pide cambiar la ley del aborto

La plataforma científica Hay Alternativas pidieron hoy “derogar la actual ley del aborto”, a la que califican de “desastrosa” para “garantizar su cumplimiento” y señalaron que el supuesto de riesgo para la salud psíquica de la mujer es un “coladero que fomenta negocios espurios de personas sin escrúpulos”, así como el “cierre preventivo” de todas las clínicas que hayan practicado abortos en embarazos de más de doce semanas.

HazteOir.org señaló que, a la espera de los datos del Ministerio de Sanidad, “en el año 2006 se habrían superado, según las cifras de que ya se disponen, los 98.500 abortos, lo que supone que cada día en España han dejado de nacer 270 niños”.

Para el presidente de HO, Ignacio Arsuaga, las cifras del aborto suponen “un fracaso en toda regla” y acusa a las administraciones públicas de impedir alternativas como “escatimar las ayudas a la natalidad, olvidar a la familia o despreciar a la mujer embarazada”. Arsuaga criticó el rechazo de la Iniciativas Legislativas Populares (ILO) en apoyo a la mujer embarazada impulsada por el Foro de la Familia en los Parlamentos autonómicos de Navarra o Andalucía.

27 Noviembre 2007

ha | Detenido el ‘doctor aborto’ en una operación policial sin precedentes

La Gaceta de los Negocios, 27 de noviembre de 2007 

Arrestados Carlos Morín y otras cinco personas, tras el registro de sus clínicas. Ni la Generalitat ni el Colegio de Médicos de Barcelona quisieron investigarles.

La Guardia Civil registró ayer, por orden del juzgado de instrucción número 33 de la Ciudad Condal, cuatro clínicas barcelonesas del grupo Ginemedex-TCB, y procedió a la detención de seis personas bajo sospecha de “práctica reiterada de interrupciones voluntarias del embarazo radicalmente fuera de los supuestos permitidos por la legislación”, según un comunicado de la Fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña (TSJC).

Las clínicas Ginemedex, TBC, Emece y Barnamedic (CBM), regentadas por el cirujano peruano Carlos Morín, han sido repetidamente denunciadas por realizar abortos fuera de los casos despenalizados, pero ni el Colegio Médico de Barcelona ni la Consejería de Sanidad de la Generalitat prestaron atención a los hechos denunciados. La de ayer ha sido la operación de mayor envergadura contra los abortos ilegales desde que en 1986 se despenalizó parcialmente esta práctica. Manuel Cruz, director de la Fundación Vida, comentó a Europa Press el alcance de la operación asegurando que “llevamos 20 años viendo cómo las denuncias se archivaban”, y “ahora las clínicas también están bajo el Estado de Derecho”.

El origen de la actual investigación judicial está en un artículo publicado el 10 de octubre de 2004 en el Daily Telegraph londinense por Daniel Foggo y Charlotte Edwardes, a quienes el doctor Tomás Parra, de Ginemedex, pretendía cobrar 3.200 euros para abortar un feto de 26 semanas completamente sano. El relato iba acompañado de un editorial que hablaba de una “horrorosa industria clandestina” y un “siniestro mercado de la muerte”. El Telegraph suponía que “la policía y el gobierno españoles seguramente querrán cerrar esta clínica, que viola de forma tan flagrante las leyes sobre el aborto de ese país” y el ministro de Sanidad británico, John Reid, dijo que la situación era “muy seria”, pero poco después Rafael Manzanera, director de Recursos Sanitarios de la Generalitat, declaraba que la “asistencia” que presta Ginemedex es “correcta”.

Le Monde fue el primer medio de comunicación extranjero que habló de los abusos del aborto en España al informar (3 de abril de 1997) de que medio millar de francesas abortaban en Barcelona una vez pasado el límite de legalidad del aborto al norte de los Pirineos (10 semanas). La huella del Telegraph fue seguida en noviembre de 2006 por la televisión pública danesa DR1, que grabó al doctor Morín con cámaras ocultas: esta vez pedía 4.000 euros (más de diez veces lo normal) para abortar un feto de 31 semanas, amparándose en que cuando peligra la vida de la madre no hay límite de tiempo para el aborto en España.

El 22 de noviembre de 2006, Josep Miró i Ardèvol, presidente de la Asociación e-cristians, denunció a Morín ante el Colegio de Médicos de Barcelona, y al no encontrar el Colegio indicio de delito, interpuso la querella criminal que dio lugar a los registros y detenciones de ayer. Los otros detenidos son médicos y gerentes de las clínicas de Morín. El TSJC aseguró que sólo se incorporarán a las diligencias judiciales aquellos historiales clínicos en los cuales “aparezcan fundamentados motivos de imputación”.