Enrique Mezquita Valencia

El primer aspecto que debe tenerse en cuenta es que “la objeción de conciencia es un derecho constitucional y no tendríamos ni que dar razones para ponerlo en práctica, sino que se debería poder ejercer simplemente porque uno lo estima conveniente”. Este derecho “se ejerce cuando hay una razón de orden moral que sustente que el ejercicio de una ley puede ir en contra de la conciencia de esa persona“.

Al sustentarse en una razón de orden moral, “hay sectores o grupos que piensan, haciendo una especie de analogía, que es de tipo religioso, pero no es así, ya que el orden moral se establece sobre las bases biológicas”. El experto ha hecho hincapié en este matiz señalando que “lo fundamental es desligar la objeción de conciencia en estos campos de una posible valoración religiosa del hecho, lo que no significa ni mucho menos que no se pueda objetar por cuestiones religiosas”.

Razones de peso

La objeción de conciencia en el ámbito sanitario puede ejercerse ante muy diversas prácticas, pero tal como se refleja en el último artículo del Observatorio de Bioética de la UCV, las más significativas son el aborto, los fármacos contraceptivos, la contracepción de emergencia, la reproducción asistida y el diagnóstico genético preimplantatorio. “El punto de apoyo para ejercerla en el aborto es obvio: la vida de un feto de 14 semanas tiene casi todas las características físicas de un adulto y realmente merece la pena salvaguardar esa vida. Además, como la ley establece las 14 semanas de gestación y en el mismo texto o en el de la ley de reproducción humana asistida se estipula que la gestación se inicia con la consolidación de la implantación, ya estamos hablando de hasta 16 semanas de vida. Basta con las nuevas tecnologías para poder observar objetivamente que estamos hablando de un ser humano”. En relación con los métodos contraceptivos antiimplantatorios, “como la vida humana se inicia con la fecundación, cualquier interrupción posterior es un hecho inaceptable”. Respecto a la píldora del día después, “los médicos y farmacéuticos tienen una base objetiva para oponerse: que termina con la vida humana. Y eso no es un criterio religioso, sino biológico”.

En relación, al diagnóstico genético preimplantacional y la reproducción asistida, “el hecho biológico que puede sustentar la objeción es la pérdida de embriones, ya que hoy en día la eficiencia de las técnicas de reproducción asistida ronda el 30 por ciento”. Otro aspecto es que “los embriones sobrantes se congelan y se guardan para experiencias que son ajenas a la dignidad de la vida humana”.

Justo Aznar se ha mostrado esperanzado ante los probables avances en la regulación. “Vamos a rebufo de las leyes europeas en estos terrenos y hay unas disposiciones que animan a los países para que establezcan normas concretas sobre la objeción de conciencia. En un tiempo no muy lejano se irán sentando las bases legales y objetivas para que esté regulada esta práctica”. Sin embargo, “no creo que esa regulación alcance a todos los temas: en el aborto es algo médica y biológicamente tan evidente que es difícil que no pueda salir adelante, pero en otros como la píldora del día después creo que no se regularán”. Según el experto, “han solventado el problema diciendo que la vida no comienza con la fecundación”.

Justo Aznar es director del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia,

La profesión médica está al servicio del hombre y de la sociedad. En consecuencia, respetar la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad, son los deberes primordiales del médico (Art.4.1, Código de Ética y Deontología Médica)

Corromper: (Del lat. corrumpere).
1. tr. Alterar y trastrocar la forma de algo. U. t. c. prnl.,
2. tr. Echar a perder, depravar, dañar, pudrir. U. t. c. prnl

El próximo mes de octubre los especialistas en interrupciones de embarazos con intención homicida celebrarán en Sevilla (Hotel Meliá) un congreso internacional de abortología.

La “abortología” se puede definir como la disciplina que trata de las técnicas para causar la muerte de los seres humanos antes del parto evacuando del útero los restos humanos mortales y de esa manera terminar con el embarazo. Digamos que la abortología es la vertiente técnica y práctica del abortismo ideológico o de salón.

El “abortismo” es la apología de una ideología, contraria a la deontología médica, a la dignidad de las mujeres y madres, y los derechos humanos fundamentales, que considera legal, moral y ético, usar el poder para decidir matar a un hijo antes de nacer considerándolo un “derecho reproductivo”, especialmente cuando no han sido debidamente planificados según los dogmas del abortismo y la contracepción o presentan alguna discapacidad. Poder que debe ser promovido, como derecho de la mujer y como obligación del médico, para contribuir al progreso, a la calidad de vida, a la calidad de la sexualidad, y al bien común de las naciones y de las mujeres, especialmente de las más pobres o desfavorecidas.

La organización del congreso corre a cargo de la patronal española de la industria del aborto y la contracepción: ACAI (Asociación de Centros Autorizados para la Interrupción de embarazos). Está subvencionado por los departamentos de la “mujer” y de “salud y consumo” del Ayuntamiento de Sevilla. Cuenta con la colaboración de una serie de organizaciones político ideológicas como la internacional abortista: IPPF (federación internacional de planificación familiar, por sus siglas en inglés), la Sociedad Andaluza de Contracepción y una sección de organización político sanitaria de la OMS que tiene como objetivo político erradicar el aborto, pero solo aquellos que ellos consideran que son inseguros, fomentando la matanza, “segura y de calidad”, de los seres humanos antes del parto como medio para “interrumpir” embarazos.

Los abortólogos, que se autodenominan profesionales del aborto y la contracepción, en este congreso tratarán de tres temas que les preocupan y que se resumen en el lema del congreso: “consolidar la calidad y el acompañamiento”.

Consolidar: Ese el primer objetivo. Se trata de la estrategia mercantil de convertir el aborto en un medio contraceptivo para consolidar el lucrativo negocio de matar fetos humanos y “planificar familias”. Analizarán las leyes y políticas internacionales que contribuyen a ese primer objetivo y se cuestionarán por qué no se consumen más los medios antimaternidad que promueven y venden como segunda actividad, lamentándose de su “uso deficitario”.

Calidad: El segundo objetivo es mejorar la calidad de las técnicas homicidas que emplean- en especial en embarazos muy avanzados o muy precoces -y el adiestramiento de los prácticos que ejecutan el aborto provocado en el ámbito sanitario.

Acompañamiento: Es el último objetivo. Acompañar a la mujer para que tome – con madurez- la decisión de acabar con la vida del hijo del que está embarazada y que ellos mismos complacerán.

No sabemos si solo se trata de seducirlas y acompañarlas al abortorio de turno o si después de haberles arrancado el hijo de sus entrañas también las acompañaran con alguna técnica de lavado de cerebro que trate, sin éxito, de convencerlas de que no han participado en la muerte del hijo que estos ” profesionales” han causado a cambio de dinero público o “clandestino”. Pero mucho nos tememos que a lo que serán acompañadas, tras la traumática decisión, será para desaconsejarles una nueva maternidad y venderles la inserción de un DIU o alguna hormona sintética producida por los laboratorios que financian las políticas abortistas y a las sociedades de contracepción, con el compromiso de matarles otro hijo de manera “profesional y segura” cuando fallen.

Como siempre, cuando ellos dejen de acompañarlas en el trauma que han contribuido a generar a la mujer dañando su dignidad femenina, podrán encontrar alguna que otra asociación, que sin subvención estatal y sin ánimo de lucro, las seguirán acompañando para ayudarlas a superar el trauma y reestablecer su salud sexual y reproductiva animándolas a un nuevo embarazo que trate de paliar, al menos en parte, el daño que les causó el aborto.

Esteban Rodríguez.
Ginecólogo.

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El pasado 5 de julio entró en vigor en España una ley extremista que impone, en la escuela y la sanidad, una visión ideológica de la sexualidad bajo la “perspectiva de género” (sic) y que considera como un “derecho reproductivo”, exclusivo de la mujer, que el sistema público se haga cargo de la ejecución de un hijo antes del parto cuando sea juzgado como “indeseable” por su progenitora; bien por no haber sido planificado, o bien por haberse diagnosticado prenatalmente alguna anomalía o discapacidad.

Una parte del Parlamento español que representa a un sector del pueblo ha utilizado el poder de Estado para imponer una ideología mediante el dictado de una ley que otorga el poder -disfrazado de derecho-para matar a una categoría de seres humanos. Los grupos parlamentarios que han apoyado este dictado son los partidos nacionalistas y comunistas que representan a una mínima parte del pueblo español y el partido socialista que, antes de obtener la confianza de once millones de españoles para gobernar, ocultó a los ciudadanos sus intenciones.

En la cinta sobre la famosa novela de Pasternak, el Doctor Zhivago, llegando a Siberia huyendo de los comunistas bolcheviques que habían tomado Moscú, es detenido en un control de los comisarios del partido establecido en una estación de tren. Le exigen que se identifique y que diga a dónde va, pero el médico se resiste a identificarse y revelar su destino. Los comisarios le amenazan diciéndole: “¿acaso no sabe que se nos ha otorgado el derecho de arrestarle y ajusticiarle?” El Doctor, con la mirada fija y la frente alta, contesta lapidariamente: “Ustedes, ahora, tendrán el poder, pero nunca el derecho”

Nadie cuestiona el “poder” de este Parlamento, es evidente. Pero su “derecho” para decidir otorgar a la mujer el poder para matar a los hijos antes del parto y obligar a los médicos del sistema público a facilitar o ejecutar a la persona que se gesta mediante la “interrupción” de un embarazo, es mucho más que cuestionable. A menudo en los regímenes totalitarios las clases diregentes y las personas poderosas han utilizado su poder para oprimir a los más débiles.

Así las cosas, ahora, las progenitoras y la administración- a modo de comisariado político- tienen el “poder legal” para exigir que un médico facilite y mate al hijo del que están embarazadas.

El artículo 9.3 del Código de Ética y Deontología médica establece qué: “Si el paciente exigiera del médico un procedimiento que éste, por razones científicas o éticas, juzga inadecuado o inaceptable, el médico, tras informarle debidamente, queda dispensado de actuar”.

Las razones éticas y científicas están en la base de la unánime opinión de que decidir el aborto es un trauma para la mujer. Y no solo a nivel psíquico sino también a nivel físico, sexual y reproductor. Traumas que unos políticos ideológicamente escorados – y unos pocos médicos deontológicamente corrompidos- contribuyen a favorecer.

Para imponer su doctrina moral atodo el pueblo necesitan obligar a los médicos honestos y fieles a su vocación a cooperar con ellos infringiendo el artículo 4.4 de su código deontológico (el médico nunca perjudicará intencionadamente al paciente ni le atenderá con negligencia) el 27.3 (el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente ni aunque éste se lo exija) o el 21.4 (al ser humano embriofetal hay que tratarlo con las mismas directrices éticas que a cualquier otro paciente) entre otros, a la vez que conculcan una serie de derechos fundamentales como el derecho a la vida, la libertad de conciencia del médico, y la libertad de los padres para educar a los hijos de acuerdo a sus propias convicciones.

No estamos muy lejos de la Rusia genocida del Doctor Zhivago que establecía sus categorías de “indeseables”, pero muchos médicos seguirán resistiendo, como nuestro colega ruso, a las tentaciones totalitarias de las clases poderosas, que fingiendo su interés por el pueblo lo oprimen. Como entonces, ahora algunos tendrán el poder, pero nunca el derecho.

Por si no fuera poca la responsabilidad de la ministra de sanidad, la ley que aplaude pretende obligar a la clase médica a cooperar para facilitar que una madre pueda exigir de los médicos que la ayuden a matar al hijo del que están embarazadas cuando sea indeseable y adiestrar a médicos y sanitarios en formación para que aprendan las técnicas homicidas del abortismo práctico. Y para colmo toma parte para imponer un modelo de sexualidad que engaña sobre lo que es el “sexo seguro”- fomentando la promiscuidad en la escuela y métodos antimaternidad-, y sobre lo que es ese otro dogma político de la “identidad sexual” frente a lo que la comunidad científica no ha llegado a acuerdo ni para definirlo ni en la metodología para su evaluación.

La ignorancia científica de Bibiana Aido resultó patente cuando, en entrevista en la SER, afirmó: “que no existía evidencia científica de que un feto fuera un ser humano”. Se entiende que esta señora nunca ha estudiado Embriología Humana y puede que ni Biología General en la enseñanza secundaria. Trinidad no demuestra menor ignorancia que Bibiana. De lo que sí parecen saber es de tácticas para no desarrollar la feminidad en su maxima expresión.

Ninguna de las dos es licenciada en Medicina y sin embargo se arrogan la potestad; una, de elaborar leyes que afectan a la salud y a los médicos y, la otra, de consentirla sin crítica ni oposición en una clara dejación de funciones.

Ambas están marcadas por una ideología de partido de corte totalitario y ninguna tiene ni idea de ciencia, de educación sexual, de deontología, ni de ética médica, y tampoco mucha, visto lo visto, de ética política ni de prácticas de buen gobierno.

Pero Trinidad Jiménez no tiene excusa. Yo mismo, junto con otras tres ginecólogas, entregamos en el ministerio de la Srª Jiménez una copia del Código de Ética y Deontología Médica en vigor, junto con un video que demuestra la vitalidad, la realidad personal, y la corporalidad humana del ser humano en las etapas iniciales de su vida.

Este código, de obligado cumplimiento para todo médico (art 2.1), establece que el médico nunca causará la muerte ni aunque se le solicite, (art 27.3) que el ser humano embriofetal debe ser tratado con las mismas directrices éticas que cualquier otro paciente (art. 24.1), que el médico es un servidor de la vida humana (art 23.1), que respetar la vida humana y la dignidad de la persona son los deberes primordiales del médico (art 4.1), que los médicos estamos dispensados de actuar si se nos exigen procedimientos que por razones científicas y éticas juzguemos inadecuados o inaceptables (art. 9.3) o que nunca perjudicará intencionadamente a un paciente ni actuará con negligencia (art. 4.4)

Las razones éticas y científicas que invoca el art 9.3 son precisamente las que hacen que todo el mundo esté de acuerdo en que el aborto es una decisión desagradable y un trauma para la mujer. Trauma que daña su salud y le mata un hijo. Esas son la razones éticas y científicas (no religiosas ni ideológicas) que impiden que un médico, que actúe conforme a la ética, perjudique intencionadamente a la mujer con una interrupción homicida de la gestación ni aunque ésta lo exija en una situación de presión o de depresión. Al contrario, estaremos favoreciendo la salud de la mujer si tratamos su depresión y hacemos un refuerzo positivo para evitar: que participe en la muerte voluntaria de su hijo, los riesgos físicos de un arrancamiento quirúrgico y los de un trauma postaborto.

Con el silencio administrativo nos respondió Trinidad Jiménez, el mismo silencio cómplice y cobarde que ha mostrado haciendo dejación de funciones en defensa de la salud de las mujeres y de sus hijos ante una ley homicida contraria a la deontología médica y a los derechos fundamentales de sus administrados. Por aplastar bajo sus tacones la vida de los hijos, los derechos de padres y médicos y la dignidad de la mujer tampoco tiene perdón.

Esteban Rodríguez
Ginecólogo.

REDACCIÓN HO.- Con un estilo pedagógico y de fácil comprensión, el doctor Serani Merlo expone en El estatuto antropológico y ético del embrión humano la fundamentación científica del inicio de la vida humana y plantea las consideraciones morales derivadas de la destrucción de embriones:
“La existencia del viviente es su bien más fundamental, ya que de ella dependen todos los otros bienes. No es su bien más propio, importante o principal, pero sí es su bien más primario, ya que este es condición de todos los otros bienes. Lo propio del viviente humano es el existir como persona, y el existir personal supone la autoconciencia y el autogobierno. De lo anterior resulta evidente que repugna al ser de la persona al ser violentada en sus cualidades más fundamentales, como son su existencia autoconsciente y autogobernada. En consecuencia, ninguna persona tiene la facultad de privar injustamente a otra de sus bienes personales más fundamentales, como son su existencia autoconsciente y autogobernada. Esta evidencia antropológica y ética, que todo ser humano posee, aunque con grados muy diversos de autoconciencia, es la base primaria de la vida en sociedad y puede ser expresada del modo siguiente: Porque la naturaleza personal humana exige la autoconciencia y el autogobierno, yo también exijo, al entrar en sociedad, que me sean respetadas, de modo incondicional, mi existencia y mi libertad, y me comprometo a respetar del mismo modo la existencia y la libertad de los demás.”
El documento completo puede descargarse aquí.

El lucrativo negocio del aborto: La industria que asesina al no nacido.

Desde 1973, la Planned Parenthood (IPPF) ha practicado más de tres millones de abortos y ha ingresado 815 millones de dólares en beneficios por estas prácticas. Sus ganancias en los últimos 15 años superan los 454 millones de dólares.

Conocemos los eslóganes: derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, libertad de elección sobre cuándo tener un bebé y cuándo no, los derechos reproductivos, la salud psicológica de la madre, el supuesto de las malformaciones del feto…

Siendo honestos, se trata de frases hechas difundidas con un plan de promoción estratégico. Y hablar de promoción para legalizar o despenalizar el asesinato del no nacido nos lleva, necesariamente, a referirnos a los promotores. Cada vez más países se decantan por la aprobación de leyes que avalen el así llamado “derecho al aborto”.

¿Qué mueve a los legisladores a secundar el asesinato consentido por la madre y protegerlo con la ley? Detrás de determinaciones como esas están los lobbys abortistas. Ya presionando, ya inmiscuyendo a su gente en los partidos políticos, ya ganando a los políticos para su causa, logran que sus iniciativas prosperen poco a poco. Pero, ¿qué interés particular puede tener un lobby para
alcanzar ese fin?

Hay dos: el ideológico y el económico. Ideología de fondo La teoría neo-maltusiana propone planificar de modo centralizado los nacimientos de modo que sean algunos quienes decidan quiénes deben nacer y quiénes no.

¿Razonamiento de fondo? A menor número de personas, mejor distribución de la riqueza. Y como los pobres y enfermos son los que “no permiten” esa adecuada distribución, optan por la eliminación de los pobres y enfermos en lugar de erradicar la pobreza y la enfermedad.

Leire Pajín Iraola (San Sebastián, 16 de septiembre de 1976) es la Secretaria de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y una de las máximas exponentes del IPPF en España

En Málaga, el pasado miércoles, una médico de Atención Primaria recibía la denegación de su objeción de conciencia por parte de un superior. «Alega lo que dice la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero: que no estoy directamente implicada», explica. Ella no piensa así: «El aborto tiene que salir de mi consulta. Si no lo firmo, esa mujer no va a llegar nunca a quirófano. Soy un eslabón más de la cadena, en la que están desde la administradora que entrega el documento sellado, hasta la limpiadora que quita el feto muerto».

No es la única en su centro de salud que objeta al aborto, pero tras conocer la censura, varios de sus compañeros prefieren taparse. «El jueves tenía que entregar cuatro objeciones en el registro de entrada, pero dos de mis compañeros me llamaron para pedirme que no lo hiciera», detalla. El contrato de esta profesional concluye en septiembre. En principio, «se me iba a renovar porque estoy la primera en bolsa»; pero ahora teme que «puede que no lo hagan». «Ver que no me he doblegado, que no he agachado la cabeza y continúo mis trámites hacia delante les ha hecho reaccionar negativamente hacía mí».

Los administrativos de los centros de salud también creen tener derecho a objetar. En Castilla y León, una mujer que desempeñó esas labores hasta el pasado año argumenta su negativa a derivar a clínicas privadas a mujeres que querían abortar: «Para mí era una situación muy violenta. No era la ejecutora del aborto, pero formaba parte del proceso: tenía que informar a la mujer y darle instrucciones sobre qué no debía hacer la noche antes del aborto. Era doloroso imaginarte al bebé y pensar que al día siguiente lo iban a asesinar», afirma.

En medio de una doble «inseguridad jurídica», el ginecólogo Esteban Rodríguez denuncia desde Algeciras la «violación del artículo 16 de la Constitución» derivada de la obligatoriedad de «comunicar anticipadamente y por escrito» la objeción. «Tanto que la ley vendía la seguridad jurídica de los profesionales… Será la de los abortistas, la nuestra no».

El código ético

En su hospital, ningún médico «está dispuesto a practicar abortos, ni a cooperar en el procedimiento». Y no se niegan sólo por cuestiones morales o ideológicas, sino por el Código de Ética y Deontología Médica, «de obligado cumplimiento según la Ley del Estatuto Marco del Personal Sanitario, de 2003, que dice que el médico no ocasionará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera ante petición expresa» y que «al ser humano embrio-fetal hay que tratarlo con las mismas directrices éticas que a cualquier otro paciente».

Rodríguez, portavoz andaluz de Ginecólogos por el Derecho a Vivir, avisa: «No vamos a permitir que una ministra ideológica de Igualdad y otra de Sanidad que no tiene ni idea de medicina vengan a explicarnos nuestra profesión y nuestras obligaciones».

Una de las novedades de la nueva legislación abortiva es la entrega de un sobre informativo a las mujeres que quieran abortar. Es una imposición para los médicos de Atención Primaria a la que María Alonso, que ejerce en Madrid, objeta. «La paciente acude a nosotros en una situación de crisis que no se resuelve con un sobre en el que diga “Aquí se aborta”. Nosotros llegamos más allá porque entendemos su situación familiar, social y económica», expresa.

Gracias a eso, «la mujer sale reforzada y dando las gracias». Frente a «la información absolutamente sesgada de los sobres», que proponen el aborto como la única salida al embarazado imprevisto, Alonso se plantea la insumisión a la ley para aportar más información: «Simplemente con poder girar el ordenador y enseñarles una foto de su hijo, muchas mujeres cambian de opinión. Eso vale más que entregar el sobre». Alonso alerta del peligro de «la entrega sistemática y burocrática de un sobre sellado»: «Los profesionales debemos darnos cuenta de que no es un mero trámite. Lo que más daño puede hacer a la mujer es cerrarle otras puertas».

Los objetores animan a sus colegas a dejar de lado los temores. ¿Qué pasaría entonces si no hubiera nadie dispuesto a contribuir al aborto? «Quizás haya que plantearse que no es un derecho y que los médicos estamos para ayudar a la vida», sentencia Alonso. «Hay a quien le preocupa el cumplimiento de la ley, pero al médico lo que le preocupa es ayudar a la paciente», concluye.

ABC

REDACCIÓN HO.- La delegación de Derecho Sanitario del Centro Jurídico Tomás Moro, junto a la Asociación Nacional para la Defensa de la Objeción de Conciencia (ANDOC), Derecho a Vivir y HazteOir.org, han presentado esta mañana en nuestra sede en Madrid la primera Guía de Objeción de Conciencia Sanitaria al aborto, con el objetivo de defender el derecho de todo el personal sanitario.

Esta Guía se presentan tras las numerosas consultas atendidas sobre la objeción de conciencia sanitaria a raíz de la Ley Aído, y en medio de las trabas que algunas Comunidades Autónomas están poniendo a los profesionales sanitarios que en conciencia se niegan a colaborar en la matanza de decenas de miles de seres humanos, que han incrementado la preocupación de los médicos, enfermeros, anestesistas, trabajadores sociales y administrativos (entre otros profesionales del ámbito sanitario) por su libertad de conciencia.

Las tres grandes víctimas del aborto son el niño no nacido, la madre sobre la que se ejercita una nueva clase de violencia institucionalizada, y el servicio médico que se ve forzado legalmente a colaborar en la consecución de la muerte de miles de seres humanos inocentes.

La objeción se notifica, no se concede: frente a las ‘listas negras’

Todo el personal susceptible de participar en un aborto puede objetar. Basta con dejar constancia al gestor del centro de trabajo, la administración no tiene por qué tener lista de objetores. Así lo señalaba el presidente del CJTM, Javier Pérez Roldán, en la rueda de prensa ofrecida durante la presentación de la Guía:

“No hay ningún interés público en saber quién objeta. El único, además del objetor, que tiene interés en saber la objeción además del objetor es quien está llamado o mandado a revisar el servicio. Fuera de eso, sacarlo de ese ámbito, es querer establecer una ‘lista negra’ de personas a las que poder incordiar, no promocionarlas laboralmente… Eso es lo que entendemos que se está buscando con la creación, como en Castilla-La Mancha, de esos registros públicos”.

También se puede objetar a entregar los “sobres informativos” en los centros de atención primaria si el sujeto entiende que los datos que contiene son tendenciosos o van contra su conciencia.

La ley viola el derecho constitucional a la objeción

La Ley Orgánica 2/2010, sólo reconoce el derecho a la objeción de conciencia a los profesionales sanitarios directamente implicados en el aborto y por lo que respecta a estos profesionales, en su art. 19.2 establece que dicha objeción de conciencia tiene que manifestarse anticipadamente y por escrito, obligando precisamente al objetor a declarar implícitamente sobre su ideología, religión o creencia, condicionándose dicha objeción al no impedimento por la misma al acceso y calidad asistencial de la madre que pide abortar.

Dicha regulación atenta a la propio jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ya en la STC 53/1985, en su fundamento jurídico 14, cuando se le planteó la posible inconstitucionalidad de la ley que despenalizaba determinados supuestos de aborto por no contemplar la regulación de la objeción de conciencia de los médicos y demás personal sanitario, se pronunció de forma categórica acerca de la posibilidad de ejercer la objeción de conciencia por parte del personal sanitario a quien pudiera corresponder practicar un aborto, aunque la ley no dijera nada al respecto.

Es decir, las restricciones de la nueva legislación, en cuanto a los sujetos objetantes, y en cuanto a las condiciones y extensión de la objeción de conciencia, suponen un claro quebrantamiento de los artículos 16 y 18 de la Constitución Española.

Además, en la presentación de la Guía se ha propugnado la ampliación de la objeción a la realización del diagnóstico prenatal. Y es que es evidente que para poder realizar el aborto eugenésico regulado en la ley, se necesita de un previo informe, es decir, de un diagnóstico prenatal, sin embargo, no se regula la objeción de conciencia del personal que realiza tal práctica y que en principio parece no ser alcanzado por la objeción del personal que interviene directamente.

Pues bien, no es posible un aborto eugenésico sin un dictamen prenatal previo que transforma al médico que participa en el diagnóstico en cooperante necesario de los abortos eugenésicos que se materialicen. Como recuerda Pérez- Roldán “la propia OMS critica un sistema de diagnóstico prenatal sin la posibilidad de proporciones “opciones reproductivas” y reconoce la posibilidad de que los médicos que se oponen al aborto no participen en los programas de diagnóstico prenatal.”

El informe del Consejo de Estado ante la nueva ley de aborto, ya alertaba sobre la vinculación entre diagnostico prenatal y aborto eugenésico, recordando que tal causa de aborto es contraria al ordenamiento jurídico internacional suscrito por España, por constituir una discriminación por motivos de salud. Así pues, el diagnóstico prenatal utilizado para detectar anomalías con objeto de producir el aborto es contrario al ordenamiento jurídico internacional y las declaraciones del Consejo de Europa (Comité de ministros N/90 del 13al 21/6/1990) o del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO (Informe 29/08/1994).

Es más, los programas de diagnóstico prenatal que contemplan como utilidad acabar con la vida del ser humano embriofetal enfermo son contrarios al código deontológico de la profesión médica. El 27.3 de dicho Código indica que “El médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste”. Otra norma, recogida en el artículo 24.1 del vigente Código de Ética y Deontología Médica, establece que “al ser humano embriofetal enfermo se le debe tratar de acuerdo con las mismas directrices éticas, incluido el consentimiento informado de los progenitores, que se aplican a los demás pacientes”. El artículo 26.1 del mismo Código reconoce que “el médico tiene el derecho a negarse por razones de conciencia (…) a interrumpir un embarazo”.

El médico que desee ajustarse a su código deontológico debe tratar al ser embriofetal enfermo con los mismos criterios éticos que a cualquier otro paciente y eso incluye no someterlo a pruebas que puedan someter al paciente a un riesgo directo de muerte, o que estén diseñadas para que acabar con su vida sea una opción, ni atender a la solicitud de que se acabe con su vida.

Por ello los impulsores de esta Guía quieren dar su apoyo al amplio colectivo médico que con la entrada en vigor de la L.O. 2/2010 ve violado su derecho fundamental a la objeción de conciencia, y manifiestan su apoyo total e incondicional a todos los facultativos que quieran objetar, a la vez que advierten que permanecerá vigilante al cumplimiento de la ley, y denunciarán todas las irregularidades que se produzcan en el cumplimiento de la misma, afecten estas a las diversas administraciones públicas, a los clínicas abortivas, o a los médicos que intervengan de forma ilegal en la práctica de abortos.

De igual forma, estos colectivos instan al personal sanitario adscrito a la Sanidad Pública a defender de forma activa el derecho a la vida, recordando que ninguna ley prohíbe informar a la mujer gestante de la existencia de multitud de fundaciones, asociaciones, e instituciones que están dispuestas a ayudarla en su maternidad, y se les insta a entregar a la mujer información sobre las consecuencias físicas y psíquicas del aborto o ecografías o fotografías que reflejen el desarrollo embrionario o fetal, independientemente de lo que digan las leyes, que sólo establecen un mínimo de información.

La defensa de la vida no sólo es una obligación del Estado y de las instituciones públicas, también es un compromiso de todos los ciudadanos.

De igual forma, el CJTM ha creado un grupo de trabajo experto en derecho sanitario con un doble objetivo: asesorar a los colegios profesionales, y a los profesionales sanitarios sobre su derecho a la objeción de conciencia/ciencia; y asesorar y defender a todas las mujeres víctimas de la violencia abortiva que padezcan un síndrome posaborto, mediante la reclamación de indemnizaciones de daños y perjuicios a las clínicas abortivas y a la administración sanitaria.

Guía de Objeción de Conciencia Sanitaria al aborto

DECLARAMOS

Que asistimos actualmente, en muchos lugares del mundo, al ejercicio de un poder sin referencias a la verdad profunda del ser humano; vemos también cómo ese poder se vuelve contra el propio hombre, como lo manifiestan actitudes, filosofías, legislaciones y actuaciones crecientemente contrarias a la vida humana, especialmente la más débil.
Ante situaciones tan graves, queremos reclamar de la comunidad científica, política, económica y familiar el ejercicio de sus responsabilidades, de acuerdo con las siguientes seis líneas de acción:

1. Exigir una educación integral de los profesionales sanitarios, que les haga conscientes de las implicaciones humanas de su trabajo, de modo que su toma de decisiones no se circunscriba solo a la racionalidad científico-técnica.
2. Recuperar la dimensión servicial de las profesiones biomédicas frente a las amenazas de su mercantilización o instrumentalización ideológica. Para ello, urge crear marcos que fomenten una investigación y una práctica médicas concebidas como servicio a todas las personas.

3. Poner de relieve que para la atención sanitaria es necesario el reconocimiento, no solo del sujeto individual, sino también del sujeto colectivo, al que debe prestarse atención a la hora de diseñar y practicar políticas de salud pública.

4. Denunciar la intromisión del ámbito público en los entornos privados, sobre todo en las decisiones que implican la atención sanitaria en las etapas primeras y últimas de la vida, como son las que se reflejan en legislaciones abortistas o de terminación artificial de la vida.

5. Fomentar la participación de los profesionales de la salud y de todos los implicados en la reflexión sobre la bioética, en los espacios públicos, los medios de comunicación y la vida política, para asegurar la concepción finalista de la vida humana. Ninguna vida humana puede ser un medio para nada ni para nadie.

6. Reclamar una cobertura de máximos para la objeción de conciencia, conscientes de su papel irremplazable como testimonio de que el orden legal no es la última instancia reguladora de la existencia humana.

Para llevar a cabo estas tareas, llamamos a la colaboración de personas y organizaciones, especialmente de las universidades, sus profesores, investigadores y estudiantes.

ulia.org