3 Septiembre 2010

ha | ABORTO: ¿DERECHO O PODER?

Por Esteban Rodríguez Martín
Ginecólogo

El pasado 5 de julio entró en vigor en España una ley extremista que impone, en la escuela y la sanidad, una visión ideológica de la sexualidad bajo la “perspectiva de género” (sic) y que considera como un “derecho reproductivo”, exclusivo de la mujer, que el sistema público se haga cargo de la ejecución de un hijo antes del parto cuando sea juzgado como “indeseable” por su progenitora; bien por no haber sido planificado, o bien por haberse diagnosticado prenatalmente alguna anomalía o discapacidad.

Una parte del Parlamento español que representa a un sector del pueblo ha utilizado el poder de Estado para imponer una ideología mediante el dictado de una ley que otorga el poder -disfrazado de derecho-para matar a una categoría de seres humanos. Los grupos parlamentarios que han apoyado este dictado son los partidos nacionalistas y comunistas que representan a una mínima parte del pueblo español y el partido socialista que, antes de obtener la confianza de once millones de españoles para gobernar, ocultó a los ciudadanos sus intenciones.

En la cinta sobre la famosa novela de Pasternak, el Doctor Zhivago, llegando a Siberia huyendo de los comunistas bolcheviques que habían tomado Moscú, es detenido en un control de los comisarios del partido establecido en una estación de tren. Le exigen que se identifique y que diga a dónde va, pero el médico se resiste a identificarse y revelar su destino. Los comisarios le amenazan diciéndole: “¿acaso no sabe que se nos ha otorgado el derecho de arrestarle y ajusticiarle?” El Doctor, con la mirada fija y la frente alta, contesta lapidariamente: “Ustedes, ahora, tendrán el poder, pero nunca el derecho”

Nadie cuestiona el “poder” de este Parlamento, es evidente. Pero su “derecho” para decidir otorgar a la mujer el poder para matar a los hijos antes del parto y obligar a los médicos del sistema público a facilitar o ejecutar a la persona que se gesta mediante la “interrupción” de un embarazo, es mucho más que cuestionable. A menudo en los regímenes totalitarios las clases diregentes y las personas poderosas han utilizado su poder para oprimir a los más débiles.

Así las cosas, ahora, las progenitoras y la administración- a modo de comisariado político- tienen el “poder legal” para exigir que un médico facilite y mate al hijo del que están embarazadas.

El artículo 9.3 del Código de Ética y Deontología médica establece qué: “Si el paciente exigiera del médico un procedimiento que éste, por razones científicas o éticas, juzga inadecuado o inaceptable, el médico, tras informarle debidamente, queda dispensado de actuar”.

Las razones éticas y científicas están en la base de la unánime opinión de que decidir el aborto es un trauma para la mujer. Y no solo a nivel psíquico sino también a nivel físico, sexual y reproductor. Traumas que unos políticos ideológicamente escorados – y unos pocos médicos deontológicamente corrompidos- contribuyen a favorecer.

Para imponer su doctrina moral atodo el pueblo necesitan obligar a los médicos honestos y fieles a su vocación a cooperar con ellos infringiendo el artículo 4.4 de su código deontológico (el médico nunca perjudicará intencionadamente al paciente ni le atenderá con negligencia) el 27.3 (el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente ni aunque éste se lo exija) o el 21.4 (al ser humano embriofetal hay que tratarlo con las mismas directrices éticas que a cualquier otro paciente) entre otros, a la vez que conculcan una serie de derechos fundamentales como el derecho a la vida, la libertad de conciencia del médico, y la libertad de los padres para educar a los hijos de acuerdo a sus propias convicciones.

No estamos muy lejos de la Rusia genocida del Doctor Zhivago que establecía sus categorías de “indeseables”, pero muchos médicos seguirán resistiendo, como nuestro colega ruso, a las tentaciones totalitarias de las clases poderosas, que fingiendo su interés por el pueblo lo oprimen. Como entonces, ahora algunos tendrán el poder, pero nunca el derecho.

30 Agosto 2010

ha | Con la muerte en los tacones

Trinidad Jiménez, se muestra orgullosa de la ley abortista diseñada por su colega y camarada Bibiana Aido. Resulta sorprendente que una ley denominada de salud reproductiva no haya sido elaborada por el ministerio que se encarga de la salud pública. Pero más sorprende que la ministra de sanidad apoye, desde la barrera, una ley que permite matar a los seres humanos antes del parto y que lesiona la salud de la mujer.

Por si no fuera poca la responsabilidad de la ministra de sanidad, la ley que aplaude pretende obligar a la clase médica a cooperar para facilitar que una madre pueda exigir de los médicos que la ayuden a matar al hijo del que están embarazadas cuando sea indeseable y adiestrar a médicos y sanitarios en formación para que aprendan las técnicas homicidas del abortismo práctico. Y para colmo toma parte para imponer un modelo de sexualidad que engaña sobre lo que es el “sexo seguro”- fomentando la promiscuidad en la escuela y métodos antimaternidad-, y sobre lo que es ese otro dogma político de la “identidad sexual” frente a lo que la comunidad científica no ha llegado a acuerdo ni para definirlo ni en la metodología para su evaluación.

La ignorancia científica de Bibiana Aido resultó patente cuando, en entrevista en la SER, afirmó: “que no existía evidencia científica de que un feto fuera un ser humano”. Se entiende que esta señora nunca ha estudiado Embriología Humana y puede que ni Biología General en la enseñanza secundaria. Trinidad no demuestra menor ignorancia que Bibiana. De lo que sí parecen saber es de tácticas para no desarrollar la feminidad en su maxima expresión.

Ninguna de las dos es licenciada en Medicina y sin embargo se arrogan la potestad; una, de elaborar leyes que afectan a la salud y a los médicos y, la otra, de consentirla sin crítica ni oposición en una clara dejación de funciones.

Ambas están marcadas por una ideología de partido de corte totalitario y ninguna tiene ni idea de ciencia, de educación sexual, de deontología, ni de ética médica, y tampoco mucha, visto lo visto, de ética política ni de prácticas de buen gobierno.

Pero Trinidad Jiménez no tiene excusa. Yo mismo, junto con otras tres ginecólogas, entregamos en el ministerio de la Srª Jiménez una copia del Código de Ética y Deontología Médica en vigor, junto con un video que demuestra la vitalidad, la realidad personal, y la corporalidad humana del ser humano en las etapas iniciales de su vida.

Este código, de obligado cumplimiento para todo médico (art 2.1), establece que el médico nunca causará la muerte ni aunque se le solicite, (art 27.3) que el ser humano embriofetal debe ser tratado con las mismas directrices éticas que cualquier otro paciente (art. 24.1), que el médico es un servidor de la vida humana (art 23.1), que respetar la vida humana y la dignidad de la persona son los deberes primordiales del médico (art 4.1), que los médicos estamos dispensados de actuar si se nos exigen procedimientos que por razones científicas y éticas juzguemos inadecuados o inaceptables (art. 9.3) o que nunca perjudicará intencionadamente a un paciente ni actuará con negligencia (art. 4.4)

Las razones éticas y científicas que invoca el art 9.3 son precisamente las que hacen que todo el mundo esté de acuerdo en que el aborto es una decisión desagradable y un trauma para la mujer. Trauma que daña su salud y le mata un hijo. Esas son la razones éticas y científicas (no religiosas ni ideológicas) que impiden que un médico, que actúe conforme a la ética, perjudique intencionadamente a la mujer con una interrupción homicida de la gestación ni aunque ésta lo exija en una situación de presión o de depresión. Al contrario, estaremos favoreciendo la salud de la mujer si tratamos su depresión y hacemos un refuerzo positivo para evitar: que participe en la muerte voluntaria de su hijo, los riesgos físicos de un arrancamiento quirúrgico y los de un trauma postaborto.

Con el silencio administrativo nos respondió Trinidad Jiménez, el mismo silencio cómplice y cobarde que ha mostrado haciendo dejación de funciones en defensa de la salud de las mujeres y de sus hijos ante una ley homicida contraria a la deontología médica y a los derechos fundamentales de sus administrados. Por aplastar bajo sus tacones la vida de los hijos, los derechos de padres y médicos y la dignidad de la mujer tampoco tiene perdón.

Esteban Rodríguez
Ginecólogo.

24 Agosto 2010

ha | La justicia paraliza la financiación pública de investigaciones con células embrionarias en EE UU

Determinar racionalmente el estatuto antropológico del embrión humano es un desafío intelectual que la cultura actual no puede escamotear. Las células madre adultas reparan y regeneran el tejido cardíaco dañado

REDACCIÓN HO.- Con un estilo pedagógico y de fácil comprensión, el doctor Serani Merlo expone en El estatuto antropológico y ético del embrión humano la fundamentación científica del inicio de la vida humana y plantea las consideraciones morales derivadas de la destrucción de embriones:
“La existencia del viviente es su bien más fundamental, ya que de ella dependen todos los otros bienes. No es su bien más propio, importante o principal, pero sí es su bien más primario, ya que este es condición de todos los otros bienes. Lo propio del viviente humano es el existir como persona, y el existir personal supone la autoconciencia y el autogobierno. De lo anterior resulta evidente que repugna al ser de la persona al ser violentada en sus cualidades más fundamentales, como son su existencia autoconsciente y autogobernada. En consecuencia, ninguna persona tiene la facultad de privar injustamente a otra de sus bienes personales más fundamentales, como son su existencia autoconsciente y autogobernada. Esta evidencia antropológica y ética, que todo ser humano posee, aunque con grados muy diversos de autoconciencia, es la base primaria de la vida en sociedad y puede ser expresada del modo siguiente: Porque la naturaleza personal humana exige la autoconciencia y el autogobierno, yo también exijo, al entrar en sociedad, que me sean respetadas, de modo incondicional, mi existencia y mi libertad, y me comprometo a respetar del mismo modo la existencia y la libertad de los demás.”
El documento completo puede descargarse aquí.

16 Agosto 2010

ha | IPPF o la Industria del Aborto

El lucrativo negocio del aborto: La industria que asesina al no nacido.

Desde 1973, la Planned Parenthood (IPPF) ha practicado más de tres millones de abortos y ha ingresado 815 millones de dólares en beneficios por estas prácticas. Sus ganancias en los últimos 15 años superan los 454 millones de dólares.

Conocemos los eslóganes: derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, libertad de elección sobre cuándo tener un bebé y cuándo no, los derechos reproductivos, la salud psicológica de la madre, el supuesto de las malformaciones del feto…

Siendo honestos, se trata de frases hechas difundidas con un plan de promoción estratégico. Y hablar de promoción para legalizar o despenalizar el asesinato del no nacido nos lleva, necesariamente, a referirnos a los promotores. Cada vez más países se decantan por la aprobación de leyes que avalen el así llamado “derecho al aborto”.

¿Qué mueve a los legisladores a secundar el asesinato consentido por la madre y protegerlo con la ley? Detrás de determinaciones como esas están los lobbys abortistas. Ya presionando, ya inmiscuyendo a su gente en los partidos políticos, ya ganando a los políticos para su causa, logran que sus iniciativas prosperen poco a poco. Pero, ¿qué interés particular puede tener un lobby para
alcanzar ese fin?

Hay dos: el ideológico y el económico. Ideología de fondo La teoría neo-maltusiana propone planificar de modo centralizado los nacimientos de modo que sean algunos quienes decidan quiénes deben nacer y quiénes no.

¿Razonamiento de fondo? A menor número de personas, mejor distribución de la riqueza. Y como los pobres y enfermos son los que “no permiten” esa adecuada distribución, optan por la eliminación de los pobres y enfermos en lugar de erradicar la pobreza y la enfermedad.

Leire Pajín Iraola (San Sebastián, 16 de septiembre de 1976) es la Secretaria de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y una de las máximas exponentes del IPPF en España

10 Agosto 2010

ha | «Al ser humano embrio-fetal hay que tratarlo con las mismas directrices éticas que a cualquier otro paciente»

La «reforma Aído» intenta abrirse camino en la sanidad pública con el miedo como arma preferida por los gobiernos socialistas para frenar las objeciones de conciencia, según denuncian los propios profesionales. En el día a día de la realidad el aborto surge imparable el temor del personal sanitario antiabortista a las presiones de jefes que sí comulgan con la normativa y la angustia a sufrir represalias laborales. Por eso los protagonistas de este reportaje han optado en su mayoría por el anonimato.

En Málaga, el pasado miércoles, una médico de Atención Primaria recibía la denegación de su objeción de conciencia por parte de un superior. «Alega lo que dice la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero: que no estoy directamente implicada», explica. Ella no piensa así: «El aborto tiene que salir de mi consulta. Si no lo firmo, esa mujer no va a llegar nunca a quirófano. Soy un eslabón más de la cadena, en la que están desde la administradora que entrega el documento sellado, hasta la limpiadora que quita el feto muerto».

No es la única en su centro de salud que objeta al aborto, pero tras conocer la censura, varios de sus compañeros prefieren taparse. «El jueves tenía que entregar cuatro objeciones en el registro de entrada, pero dos de mis compañeros me llamaron para pedirme que no lo hiciera», detalla. El contrato de esta profesional concluye en septiembre. En principio, «se me iba a renovar porque estoy la primera en bolsa»; pero ahora teme que «puede que no lo hagan». «Ver que no me he doblegado, que no he agachado la cabeza y continúo mis trámites hacia delante les ha hecho reaccionar negativamente hacía mí».

Los administrativos de los centros de salud también creen tener derecho a objetar. En Castilla y León, una mujer que desempeñó esas labores hasta el pasado año argumenta su negativa a derivar a clínicas privadas a mujeres que querían abortar: «Para mí era una situación muy violenta. No era la ejecutora del aborto, pero formaba parte del proceso: tenía que informar a la mujer y darle instrucciones sobre qué no debía hacer la noche antes del aborto. Era doloroso imaginarte al bebé y pensar que al día siguiente lo iban a asesinar», afirma.

En medio de una doble «inseguridad jurídica», el ginecólogo Esteban Rodríguez denuncia desde Algeciras la «violación del artículo 16 de la Constitución» derivada de la obligatoriedad de «comunicar anticipadamente y por escrito» la objeción. «Tanto que la ley vendía la seguridad jurídica de los profesionales… Será la de los abortistas, la nuestra no».

El código ético

En su hospital, ningún médico «está dispuesto a practicar abortos, ni a cooperar en el procedimiento». Y no se niegan sólo por cuestiones morales o ideológicas, sino por el Código de Ética y Deontología Médica, «de obligado cumplimiento según la Ley del Estatuto Marco del Personal Sanitario, de 2003, que dice que el médico no ocasionará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera ante petición expresa» y que «al ser humano embrio-fetal hay que tratarlo con las mismas directrices éticas que a cualquier otro paciente».

Rodríguez, portavoz andaluz de Ginecólogos por el Derecho a Vivir, avisa: «No vamos a permitir que una ministra ideológica de Igualdad y otra de Sanidad que no tiene ni idea de medicina vengan a explicarnos nuestra profesión y nuestras obligaciones».

Una de las novedades de la nueva legislación abortiva es la entrega de un sobre informativo a las mujeres que quieran abortar. Es una imposición para los médicos de Atención Primaria a la que María Alonso, que ejerce en Madrid, objeta. «La paciente acude a nosotros en una situación de crisis que no se resuelve con un sobre en el que diga “Aquí se aborta”. Nosotros llegamos más allá porque entendemos su situación familiar, social y económica», expresa.

Gracias a eso, «la mujer sale reforzada y dando las gracias». Frente a «la información absolutamente sesgada de los sobres», que proponen el aborto como la única salida al embarazado imprevisto, Alonso se plantea la insumisión a la ley para aportar más información: «Simplemente con poder girar el ordenador y enseñarles una foto de su hijo, muchas mujeres cambian de opinión. Eso vale más que entregar el sobre». Alonso alerta del peligro de «la entrega sistemática y burocrática de un sobre sellado»: «Los profesionales debemos darnos cuenta de que no es un mero trámite. Lo que más daño puede hacer a la mujer es cerrarle otras puertas».

Los objetores animan a sus colegas a dejar de lado los temores. ¿Qué pasaría entonces si no hubiera nadie dispuesto a contribuir al aborto? «Quizás haya que plantearse que no es un derecho y que los médicos estamos para ayudar a la vida», sentencia Alonso. «Hay a quien le preocupa el cumplimiento de la ley, pero al médico lo que le preocupa es ayudar a la paciente», concluye.

ABC