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En los últimos meses, se ha desatado una fuerte operación mediática de presión a la opinión pública desde los poderes públicos y políticos para justificar una ampliación de la Ley del Aborto y/o su despenalización.
Son varias las iniciativas de diferentes partidos políticos en este sentido. Por ejemplo, el 12 de abril del 2004 IU-ICV, la formación que lidera Gaspar Llamazares, pide al PSOE que despenalice el aborto dentro de las primeras 14 semanas de gestación y que se garantice a todas las mujeres que lo soliciten por escrito, el derecho a la interrupción del embarazo, pidiendo que además de los supuestos ya contenidos en la Ley, el aborto deba ser facilitado por la Administración "cuando, a juicio de la mujer, la continuación del embarazo suponga un conflicto personal, familiar o social que le impida proseguir dicho embarazo".

Por otro lado, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, explicó el 25 de mayo de 2004 que la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo pretende introducir "un cuarto supuesto en el que la voluntad de la madre sea decisoria, sin necesidad de someterse al dictamen de un tercero" para llevarla a cabo dentro de las 12 primeras semanas de gestación. El ministro cree que esta reforma podría ponerse en marcha en la segunda mitad de la legislatura.

Todo parece indicar que detrás de esta campaña se encuentra la poderosa maquinaria abortista que sin importar el daño físico y psicológico que causa a la mujer, se nutre con grandes beneficios de la industria del aborto.

Los argumentos existentes a favor del respeto a la vida y dignidad humana son tan científicamente ciertos como poderosos y las terribles consecuencias del aborto en la mujer son tan evidentes y demostrables que urge lanzar una campaña que trate de promover los siguientes objetivos:

1. El establecimiento de un sistema legal que ampare y apoye con eficacia la maternidad y la paternidad como una necesidad social, promoviendo la conciliación de la vida familiar y la vida laboral para que las mujeres y los hombres puedan formar la familia a la que tienen derecho (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, artículo 16).

2. El acceso a una completa información a toda mujer que se encuentre ante una maternidad difícil, sobre la realidad del aborto y sus consecuencias físicas y psíquicas, así como de las ayudas y recursos existentes tanto públicos como de iniciativa social. Esta información debería ser requisito previo a todo aborto, y facilitada por centros distintos y profesionales médicos independientes de los que practican abortos.

3. La no ampliación de los supuestos de despenalización del aborto y el control por parte del Ministerio de Sanidad, de los Departamentos correspondientes de las Comunidades Autónomas, y de los fiscales, para que se cumpla lo que establece el Código Penal vigente. Exigimos, vista la práctica generalizada en centros privados, la constitución de una intervención pública sobre estos centros para garantizar el cumplimiento de la ley.

4. El incremento generoso de la cuantía y calidad de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado destinadas a las ayudas a las familias (económicas, fiscales y asistenciales), al amparo del artículo 39 de la Constitución.

5. El respeto y la protección de la objeción de conciencia sanitaria amparada por el artículo 16.1 de la Constitución como parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa.


Debemos tener en cuenta que:

1. No hay real demanda social de más aborto, pues no hay ni mujeres ni sanitarios abortistas en prisión. Ya se aborta cuanto se quiere. Ya se sabe que es una lacra moral y social. Sin embargo, esta ley intenta presionar más sobre la objeción de conciencia de los trabajadores sanitarios y anular cualquier control serio por parte de la justicia. Además, quieren reforzar la confusión social entre moralidad y legalidad, avanzando hacia la obligación de aceptar el aborto como “derecho”.

2. El aborto ya está ampliamente “despenalizado” en España. Padecemos 80.000 abortos anuales. Casi todos se acogen al supuesto de “Peligro psíquico para la madre”, que al no indicar permite abortar hasta los 9 meses de gestación dentro de la ley. Este supuesto es un coladero para cualquier aborto, pues no se controla debidamente. Por lo tanto, en España ya se practica un total aborto “libre” o “descontrolado”, para gran negocio de los centros abortistas.

3. Cualquier despenalización del aborto basada en un sistema "de plazos" es en España abiertamente inconstitucional, porque la vida del feto quedaría completamente desprotegida, entregada a la decisión absolutamente discrecional del médico o de la madre. El aborto es en España hoy por hoy un delito despenalizado en determinados casos que se consideran extremos (aunque en la práctica sea casi libre, por incumplimiento de la ley). Por eso, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de Abril de 1985 afirmaba expresamente que: "la vida del "nasciturus", en cuanto éste encarna un valor fundamental -la vida humana- garantizado en el artículo 15 de la Constitución constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional" (Fundamento jurídico n. 5) y como consecuencia: la "protección que la Constitución dispensa al "nasciturus" implica para el Estado, con carácter general, dos obligaciones: la de abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación, y la de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma y que, dado el carácter fundamental de al vida, incluya también como última garantía, las normas penales" (Fundamento n. 7). Por tanto, queda evidenciada la anticonstitucionalidad de esta Ley de plazos que quieren imponer.

4. Que el aborto daña física y psicológicamente a la mujer. El aborto provocado puede tener secuelas psiquiátricas, difícilmente tratables e irreversibles, independientemente de la actitud previa de la mujer hacia el aborto, todas ellas agrupadas bajo el término “Síndrome post-aborto” (Melinda Tankard Reist, Giving Sorrow Words: Women's Stories of Grief After Abortion, Sydney, Duffy & Snellgrove, 2000). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “las mujeres con alguna señal indicativa de trastorno emocional corren mayor riesgo de graves desajustes mentales tras el aborto…”.

5. Existen evidencias científicas y médicas de las graves consecuencias físicas que tiene el aborto para una mujer, tales como: esterilidad, disminución de la fertilidad, abortos espontáneos a causa de los daños producidos en el cuello uterino, partos prematuros, rotura del útero tras un embarazo posterior, hemorragias y un largo etc. La OMS admite que a pesar de incluir el aborto dentro de "la salud reproductiva", el aborto no es seguro para la mujer. El Dr. Gunta Lazdane, European Regional Advisor de la OMS sobre Salud Reproductiva e Investigación, dijo en la Conferencia Internacional sobre Población que se celebró en Washington DC en mayo 2004 que “hay un 20% de muertes maternas tras un aborto legal, por lo tanto queda en entredicho el llamado “aborto seguro” pues no resulta para nada “seguro” para la mujer.

¡¡Ahora es el momento de actuar!!

[Firma y envía el siguiente manifiesto]

 

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